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ALTERNATIVA INTEGRAL AL ENCARCELAMIENTO
El binomio droga- delito es un tema analizado en diferentes foros de diálogo en los cuales se evidencia la multicausalidad del fenómeno. Tanto los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas (SPA), el cual afecta el sistema nervioso central en correspondencia con el componente psicológico y social en el que vive la persona, como la comisión de delitos que en tales circunstancias se encuadra un pronóstico previsible de “puerta giratoria” o reincidencia, requieren de intervenciones integrales.
Por estas razones, el Estado costarricense implementa la iniciativa del programa de Tratamiento en Drogas Bajo Supervisión Judicial (PTDJ), cuya propuesta es planteada desde la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD/OEA). La coordinación política del programa en Costa Rica está a cargo del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), ente rector político en materia del fenómeno de las drogas. En esta coordinación, participan especialistas de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial y del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). A su vez, desde la parte técnica, colabora el equipo de profesionales de ambas instituciones para que desde el componente de salud y judicial brinden atención a los usuarios del programa. Las personas de las instituciones participantes en el PTDJ son conscientes de la importancia de la atención centrada en la persona, en sus derechos y en las oportunidades y estrategias que puedan mejorar las condiciones de vida de las personas consumidoras de SPA que cometen delitos.
Para brindar una oportuna atención, los equipos encargados de la atención han realizado varios procesos de sensibilización y capacitación, tanto desde el punto de vista en salud como desde el campo judicial. También se diseñó un protocolo de atención en el cual se incluyen los aportes de los equipos con una amplia descripción del plan de tratamiento, tanto ambulatorio como residencial con el objetivo de definir los roles, las rutas y para brindar atención competente en los trastornos por consumo de SPA.
Además, dentro del marco de monitoreo y evaluación, en el año 2019 se hicieron dos evaluaciones del programa - una realizada por la CICAD/OEA y la otra por Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP)- Esta última financiada por el ICD en convenio con la Universidad de Costa Rica y con resultados positivos desde la percepción de las personas usuarias entrevistadas.
Todo lo anterior se ve también fortalecido con la entrada en vigencia de la Ley de Justicia Restaurativa (2019), que establece el procedimiento de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial, tanto para personas adultas como a personas menores de edad. Esto garantiza que los delitos vinculados a un trastorno por consumo de SPA, se tramiten de forma integral permitiendo que las víctimas del hecho ilícito encuentren satisfacción en la solución del conflicto y que las personas imputadas reparen el daño causado y puedan recuperar áreas de su vida afectadas por el consumo problemático de drogas. Este proceso transforma la vida de estas personas y de la comunidad en general. También, el establecimiento de la Ley ha fortalecido la implementación del programa en otras juridicciones y centros de atención de atención integral en drogas (CAIDS) desde el componente de salud. A la fecha se han graduado 28 personas en esta alternativa al encarcelamiento que ratifica los derechos humanos.
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Red para el Abordaje Integral a Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Vinculadas a un Proceso Penal
y sus Familiares Dependientes
La respuesta del sistema penal a situaciones de conflicto es una respuesta fría, indiferente y fragmentada que invisibiliza la situación de vulnerabilidad social que enfrentan las mujeres que entran en contacto con el sistema penal y sus familiares dependientes. Por este motivo, no se brinda una solución integral a la problemática social que antecede al delito y que se ve potenciada con el uso de la privación de libertad.
Esta situación se agrava cuando opera la privación de libertad de las mujeres sometidas a procesos penales, y de quienes a la larga sufren de manera indirecta las consecuencias de esa prisionalización, en particular, sus familiares dependientes. Estudios sobre las mujeres que cometen infracciones indican que en general no son criminales de carrera y en pocas ocasiones ejecutan crímenes de gravedad, más bien la tendencia es que incurren en delitos ordinarios (pequeños robos y fraudes, narcomenudeo, prostitución o agresiones no muy graves contra sus hijos e hijas o sus compañeros), algunas de ellas reinciden a lo largo de los años, pero se tiene conocimento que elaborando planes reparadores que den respuesta a las condiciones sociales por las cuales se ven en estas situación es muy poca la reincidencia, por no decir nula.
En este marco, la Comisión de Atención a Mujeres en situación de vulnerabilidad en el sistema penal y sus familiares dependientes, ha estado coordinando acciones para brindarles una atención integral a las mujeres que egresaron de prisión por la reforma al artículo 77 bis de la Ley de Psicotrópicos, primordialmente. Adicionalmente se identificó la necesidad de trabajar con las mujeres que entran en contacto con el sistema penal, quienes en razón de los condicionamientos culturales y sociales, tienen bajo su responsabilidad directa a personas dependientes (personas enfermas, menores de edad o adultas mayores, entre otros), de manera que su detención genera un impacto personal hacia ellas, sus dependientes y, por ende, hacia la sociedad.
Las Instituciones Intervinientes en la Red son : Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), la Defensa Pública, Ministerio de Justicia y Paz, Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Cámara de Comercio y la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial.
Ámbito de aplicación: Familias monoparentales: jefatura de hogar con hijos e hijas menores de edad, haber enfrentado violencia intrafamiliar o extra familiar, antecedentes o consumo activo de drogas, situación de pobreza, desempleo, baja escolaridad educativa, enfermedades crónicas o en etapa terminal, discapacidad, etapa de adulta mayor, procedencia étnica (indígena, afrodescendiente), pertenencia a comunidades marginadas y con características criminógenas, mujer inmigrante (condición regular o irregular y refugiadas).