Los organismos y las instituciones del Estado, y especialmente el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Costa Rica, el Registro Público y los organismos públicos de fiscalización, así como las entidades señaladas en los artículos 14 y 15 de la presente Ley, estarán obligados a suministrar la información requerida para las investigaciones de las actividades y los delitos regulados en la presente Ley, a solicitud de esta Unidad con el refrendo de la Dirección General.

Además, será labor de la Unidad de Análisis Financiero la ubicación y el seguimiento de los bienes de interés económico obtenidos en los delitos tipificados en esta Ley.

El Ministerio Público ordenará la investigación financiera simultánea o con posterioridad a la investigación por los delitos indicados.

La información recopilada por la Unidad de Inteligencia Financiera será confidencial y de uso exclusivo para las investigaciones realizadas por este Instituto. Además, podrá ser revelada al Ministerio Público, a los jueces de la República, los cuerpos de policía nacionales y extranjeros, las unidades de análisis financiero homólogas y las autoridades administrativas y judiciales de otros países competentes en esta materia. Los funcionarios que incumplan esta disposición estarán sujetos a las sanciones establecidas en el Código Penal.

Todos los ministerios y las instituciones públicas y privadas, suministrarán, en forma expedita, la información y documentación que les solicite esta Unidad para el cumplimiento de sus fines. Dicha información será estrictamente confidencial.

El acatamiento de las recomendaciones propuestas por la Unidad y avaladas por el Consejo Directivo del Instituto, tendrá prioridad en el sector público y, especialmente, en las entidades financieras o comerciales, a efecto de cumplir las políticas trazadas para combatir la legitimación de capitales y, con ello, incrementar la eficacia de las acciones estatales y privadas en esta materia.