Entrevista.
Más de 35 homicidios en seis meses; dos policías atrapados por aliarse con narcotraficantes; asaltos diarios a vehículos repartidores. ¿Está preparado el Ministerio de Seguridad Pública para frenar la delincuencia en Limón?
Ya iniciamos este 2 de julio un plan de 100 días para atacar la criminalidad en esta provincia. Es un plan que busca hacer más notoria la presencia policial en muchos sectores de la provincia. Pero la criminalidad en Limón no es solamente un problema policial. En esta lucha tienen su papel otras instituciones, como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y las municipalidades de todos los cantones limonenses, entre otras, las cuales ya están integradas al plan de 100 días.
.¿Por qué hasta ahora se habla de un plan de 100 días para controlar la criminalidad?
Limón ya no puede esperar más. Preocupa la violencia con la que se cometen asaltos, secuestros y homicidios en esta provincia. La tasa de criminalidad no es tan alta, en muchos casos es más baja que en otras zonas del país. Pero lo que sí es preocupante es la violencia con la que actúan los delincuentes. Fíjese que en la mayoría de estos delitos los involucrados son jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 23 años. Son pandillas juveniles que se disputan territorios para sus fechorías. Yo no dudo en afirmar que las pandillas juveniles limonenses pueden ser el germen del establecimiento de las maras en Costa Rica. En Limón se dan todas las variables socioeconómicas para que se desarrolle un fenómeno delictivo como el de las maras tal y como ocurre en El Salvador y Honduras.
¿Cuáles son las condiciones o variables que permitirían el nacimiento de maras en Limón?
Mientras en todo el país la deserción estudiantil es del 12,4%, en Limón es del 14,3%; mientras la cantidad de hogares pobres en el país es del 20,6%, en Limón es el 22,4%; la pobreza extrema en el país es del 5,7%, pero en Limón es del 6,1%, el desempleo en el país es del 6;4 %, pero en Limón asciende al 6,6%.
¿Cuál será el papel de la CCSS en esta lucha?
Hay que tener en cuenta que el 90% de la población delictiva limonense consume drogas, lo que provoca rencillas entre pandillas y la necesidad de conseguir dinero a como haya lugar para adquirirlas. Aquí en Limón hay un consumo desbordado del crack . La Caja debe cumplir la misión de dar tratamiento a los adictos. Actualmente no lo hace en Limón ni en ninguna otra parte, lo cual considero una barbaridad.
Si el problema de Limón lo asumirán en conjunto varias entidades, ¿cuál será la misión de la policía?
Cada institución debe asumir el papel que le corresponde con base en el diagnóstico. La presencia policial en esta provincia tiene que ser inteligente y de mucha proximidad a sus habitantes. Está claro que no vamos a llenar de policías con garrotes la provincia porque asustaría a la población. Hay que tener en cuenta que en Limón el 98% de sus habitantes son gente decente. Los delincuentes son una minoría. Por eso no será extraño que algunos cuerpos policiales participen en actividades como pintar escuelas, ofrecer charlas antidrogas y contra la violencia intrafamiliar. Será una policía de proximidad.
¿Por qué se estableció un plazo de 100 días para atacar la criminalidad?
Si uno pone plazos más largos no se cumplen. Tenemos que disponer de un período corto. Estamos claros que no vamos a eliminar en estos 100 días la criminalidad, pero sí vamos a tener mejores herramientas para atacarla. El plan entró en operación el 2 de julio y finalizará el 30 de setiembre.
¿Quién dirige este plan?
La dirección está en manos de un fiscal del Ministerio Público.
Recientemente dos policías de Limón se vieron involucrados en alianzas con el narcotráfico y el homicidio de dos hombres. ¿El plan de 100 días contempla medidas para atacar la corrupción policial?
Tenemos que depurar la Fuerza Pública aquí en Limón y todo el país. Los policías limonenses detenidos no son los únicos, aparentemente, aliados con narcos. En Heredia se detuvo hace pocas semanas a 11 oficiales vinculados con actividades del narcotráfico. Y no exagero al decir que en muchas otras comandancias la situación es parecida.
¿Qué hará entonces el Ministerio de Seguridad ?
Ya empezó a funcionar una Inspectoría General de la Fuerza Pública, para vigilar la labor diaria de los oficiales. Esta Inspectoría está dirigida por una abogada que tiene a su disposición herramientas adecuadas para el control del ejercicio policial.
“El principal problema que ha tenido la Fuerza Pública en muchos años es que no han existido herramientas para controlar la actividad policial. Los jefes de cada dependencia deberán rendir cuentas, por obligación, sobre las actuaciones de sus subordinados. Lo ocurrido en Heredia y Limón no se debe repetir.
Jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 23 años son los principales implicados en los delitos violentos que se cometen en esa provincia.