Programas de Tratamiento en Drogas Bajo Supervisión Judicial

  • Última actualización en Jueves, 14 Julio 2016 14:12
  • Publicado el Martes, 02 Abril 2013 15:15
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Durante los últimos años, el binomio droga- delito es posiblemente de los fenómenos sociales que mayor interés ha despertado entre los investigadores, políticos, legisladores y medios de comunicación colectiva. Sin embargo, tanto el consumo de sustancias psicoactivas como las manifestaciones de la conducta delictiva, no han podido ser explicados bajo una única causa por tratarse de fenómenos multicausales. Esta multicausalidad hace que el fenómeno sea más complejo a la hora de comprenderlo y de brindar un abordaje,  que sea favorable para la persona, su familia y la sociedad.

En el consumo de sustancias psicoactivas intervienen una variedad de factores de riesgo para su ocurrencia y representan un problema de salud pública que afecta a la población sin distinción de etnia, cultura, edad, género, ubicación geográfica, escolaridad y condición socioeconómica. Por lo tanto, se  requiere un abordaje especializado para su atención y que varía en complejidad de acuerdo con el grado de severidad.

El escenario se torna más complejo ante el binomio droga-delito. Por un lado se presenta la complejidad de la enfermedad adictiva la cual afecta el sistema nervioso central  en correspondencia con el componente psicológico y social en el que vive la persona y por otro lado la comisión de delitos que en tales circunstancias se encuadra un pronóstico previsible de “puerta giratoria” o reincidencia.

La iniciativa de implementar el programa en Costa Rica llega de la CICAD/OEA, por lo que se realizó en el año 2011 un estudio de viabilidad en el cual se describió que la normativa legal vigente permitía la instauración del modelo en el país, tanto desde el punto de vista de salud como desde el judicial y que pudiera adecuarse a la realidad del país.

La coordinación política del programa en Costa Rica está a cargo del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), ente rector político en materia de drogas, específicamente es este caso en el ámbito de la reducción de la demanda.

En esta coordinación se creó un Comité Ejecutivo en el cual han participado especialistas del Poder Judicial  y del IAFA. A su vez, se ha asignado el equipo  de profesionales de ambas instituciones para que trabajen en el programa.